Mientras muchos emprendedores consiguen llevar adelante sus proyectos, la experiencia nos indica que otros tantos recién lo logran en su segundo o tercer intento, de modo que la tasa de éxito de un emprendedor aumenta efectivamente con el número de fracasos que ha logrado dejar atrás. El emprendimiento fallido puede constituir una oportunidad de aprendizaje y mejora, en la medida que este emprendedor pueda volver a levantarse, aplicando la experiencia alcanzada a su nuevo proyecto.
En el Día Mundial del Emprendimiento, celebrado el lunes 29 de abril, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) recordó que cuenta con una herramienta eficaz para brindar asistencia oportuna a las MIPEs que enfrentan dificultades económicas: la Ley N.º 21.563. Desde el 11 de agosto de 2023 la normativa dispone de nuevos procedimientos simplificados para que micro y pequeñas empresas accedan a soluciones legales frente a situaciones de endeudamiento, ya sea a través de la Reorganización o Liquidación Simplificada.
La Reorganización Simplificada es un procedimiento judicial que permite- en un plazo no mayor a 4 meses- a una MIPE reestructurar sus activos y pasivos mediante un acuerdo con sus acreedores, en que se pueden establecer nuevos plazos de pago, nuevas tasas de interés, posibles remisiones de deudas o modificación de ciertas obligaciones. En este proceso interviene un veedor, que es una persona natural sujeta a la fiscalización de la Superir y que tiene entre sus funciones facilitar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, además de asistir a la micro o pequeña empresa en la elaboración de su propuesta de acuerdo.
Un beneficio de este trámite es la Protección Financiera, que es el período que la ley otorga al deudor que se somete al procedimiento concursal, durante el cual no podrá solicitarse ni declararse su Liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en los juicios de arrendamiento.
Además, todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago.
Mientras que la Liquidación Simplificada, que también es un procedimiento judicial, tiene por objetivo la venta rápida y eficiente de los bienes de la empresa para pagar a sus acreedores, administrado por un liquidador concursal. Se solicita en tribunales, por lo que se debe contar con un abogado particular o uno abogado designado por la Corporación de Asistencia Judicial respectiva. Este procedimiento, que antiguamente duraba en promedio 2 años, ahora está durando entre 4 y 8 meses.
Es importante recordar que las microempresas, son aquellas cuyos ingresos anuales sean inferiores a 2.400 UF y que tuvieren contratados de 1 a 9 trabajadores; y en el caso de las pequeñas empresas, aquellas con ingresos anuales superiores a las 2.400 UF, pero inferiores a 25.000 UF, y un personal contratado superior a 10 e inferior a 49 trabajadores.
“Desde el 11 de agosto de 2023 el sistema concursal chileno permite reorganizar o liquidar eficientemente una MIPE, lo que constituye un pilar esencial de una economía competitiva, moderna. Asimismo, permite disminuir la incertidumbre y riesgos asociados para deudores y acreedores, generando dinámicas positivas en las cuales un emprendimiento fallido constituye una oportunidad de aprendizaje y mejora”, señaló la Coordinadora Regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Patricia Rojas Morales.
Por su parte, Pía Castillo Bosselaar, SEREMI de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Coquimbo, destacó que “es muy importante la asistencia preventiva que realiza Superir para que los emprendedores puedan mejorar las condiciones en las que opera su negocio y así poder enfrentar de mejor forma eventuales dificultades económicas. Les invitamos a resolver sus dudas junto al equipo regional de profesionales de la Superir, que atienden en la SEREMI de Economía, ubicada en Balmaceda 441, La Serena”.
Para más información la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento cuenta con la página www.tenlaclara.cl donde se detallan los requisitos, documentos, etapas y efectos de cada procedimiento concursal.