De manera unánime, por 134 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que propone la prórroga de los plazos establecidos para iniciar la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a los APR. Iniciativa que fue presentada por el diputado del Partido Demócratas, Víctor Pino y que beneficiará a cerca de 3 millones de personas del mundo rural.
Se trata de un proyecto de ley, que busca solucionar una serie de problemas que han dificultado la implementación de la ley 20.998, la cual regula la producción, distribución de agua potable y la gestión de aguas servidas en zonas rurales. Factores como la falta de asistencia técnica, la escasez de recursos humanos capacitados y las dificultades para acceder a financiamiento, han sido barreras para la correcta ejecución de estas normativas en las comunidades rurales.
Finalizada la votación, que terminó con la aprobación del proyecto, el diputado Víctor Pino, manifestó que «es esencial que ampliemos los plazos, para que los operadores de los servicios sanitarios rurales tengan tiempo suficiente para cumplir con las normativas. El objetivo de esta ley es mejorar la calidad del servicio para miles de familias a lo largo del país que viven en zonas alejadas de las urbes, y para eso necesitamos que las condiciones sean las adecuadas».
El proyecto establece nuevas fechas para la implementación de las normas de fiscalización según el tamaño de los operadores. Así, el plazo para los operadores clasificados en el segmento mayor será hasta noviembre de 2026 , para el segmento mediano hasta noviembre de 2027 y para el segmento menor hasta noviembre de 2028 . “Con esto, se busca garantizar que todos los operadores, independientemente de su tamaño, puedan cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos por la ley”, señaló el legislador por la región de Coquimbo.
El parlamentario, además hizo un llamado al Ejecutivo, a que concrete a la brevedad una reforma legal para el sistema de los APR (Agua Potable Rural), con el fin de garantizar la continuidad de la ley 20.998. «No podemos seguir postergando esta reforma. Es una deuda pendiente del Estado con las comunidades rurales, que día a día enfrentan muchas dificultades para acceder a servicios básicos como el agua potable», concluyó Víctor Pino.