Los sindicatos de pescadores artesanales de la comuna de La Higuera llamaron al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y al Comité de Ministros a, esta vez, dar cumplimiento cabal a la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, emitida el 9 de diciembre. El fallo acogió el reclamo de Andes Iron, anulando la resolución previa del Comité de Ministros y constatando faltas a la probidad en la integración de dicha instancia en 2023.
La sentencia exige al Comité de Ministros emitir un nuevo pronunciamiento dentro de los próximos 15 días, respetando los aspectos técnicos de la evaluación ambiental, los principios de imparcialidad y confianza legítima, y acatando los lineamientos que entrega el Tribunal.
En su calidad de terceros coadyuvantes en el proceso, los pescadores artesanales manifestaron que, de no respetarse la sentencia en los plazos establecidos, ejercerán acciones penales contra quienes resulten responsables por desacato.
En relación con la existencia de transgresiones a la probidad e inhabilidades por parte de ministros a las que se refirió el fallo de la justicia ambiental, los pescadores artesanales destacaron que este hecho había sido denunciado por ellos antes de que se pronunciara el Comité de Ministros, sindicándose a las ministras de Medio Ambiente, María Heloísa Rojas, y de Minería, Marcela Hernando. Estas irregularidades fueron confirmadas por el tribunal, que en su considerando sexagésimo segundo determinó que “el principio de imparcialidad ha sido infringido de manera sustantiva, debido a que las autoridades indicadas se manifestaron previamente sobre la materia […] sin abstenerse al momento de resolver los recursos administrativos interpuestos en contra de la RCA N° 161/2021”. Teniendo en cuenta lo anterior, el sindicato está analizando la presentación de una querella por prevaricación administrativa.
El abogado Marcelo Castillo, representante de los pescadores artesanles, enfatizó: «Esta sentencia no solo reprocha fuertemente una integración poco proba del Comité, sino que también marca un precedente sobre cómo la falta de ética en la gestión pública puede afectar derechos fundamentales y decisiones técnicas previamente avaladas. En esto, el Comité de Ministros ha dañado sustancialmente la fe pública y ahora tiene una única oportunidad de enmendarlo”.
Los pescadores artesanales reafirmaron su compromiso con la defensa del medio ambiente y el cumplimiento de la ley y de las sentencias judiciales. «Confiamos en que el Comité de Ministros y el Gobierno cumplirán la sentencia sin titubeos ni letra chica, poniendo a disposición las condiciones para ello, atendida la contundencia de sus conclusiones. Sería impresentable que un ente público incurriera en desacato de sentencias judiciales«, concluyó Castillo.