Con una declaración pública, la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, respondió a la solicitud que hizo el Consejo Regional (Core) al Tribunal Calificador Electoral (Tricel) para la remoción de la autoridad, por “notable abandono de deberes y faltas a la probidad cometidas por la autoridad”.
En total serían seis los cargos levantados en contra de la actual gobernadora. Entre ellos se encuentran el uso indebido de vehículo fiscal, la realización de viajes internacionales y el maltrato a funcionarios. Asimismo, también se hace referencia al incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución presupuestaria, los acuerdos por el Core y el desarrollo de la Cuenta Pública.
Ante esto, la autoridad regional leyó una declaración pública que indica lo siguiente: “Este día nos hemos encontrado con un golpe político inédito en la región que afecta nuevamente a nuestra democracia. Sobre acusaciones reiteradas, sin ningún fundamento jurídico alguno, las y los consejeros regionales están intentando destituir a la primera gobernadora mujer, independiente, electa en las urnas y no designada, por el método de la secretaría”.
Además llamó a las y los habitantes de la Región de Coquimbo a estar tranquilos pero alertas ante este injustificado ataque a mi rol de mujer independiente, madre y ecologista.
“Tranquilos vecinos y vecinas porque no hay nada de lo que señalan los consejeros regionales y quienes apoyan esta insólita medida, que sea verdad. La gente ya no quiere ver peleas sino que acuerdos y progreso”.
Agregó que “en todas y cada una de las acusaciones públicas que han formulado con escándalo, la Contraloría General de la República, en sus resoluciones, ha confirmado que quien les habla no ha faltado a la probidad ni caído en notable abandono de deberes”.
“A saber, el 7 de marzo último, la Contraloría respondió a las denuncias de la consejera UDI Paola Cortés, y en cada una de ellas, el órgano contralor nos dio la razón. Respecto al proceso de evaluación, se señala que se abstiene que emitir pronunciamiento, lo que ya había sido indicado en 2022”.
Por otro lado, indicó, “tengo claridad que en las gestiones de la administración pública pueden existir errores administrativos. Es humano. Pero nunca al nivel en que se hace aparecer ante la comunidad. Errores pueden haber pero no posibles delitos como el Papayagate, del cual aún no tenemos resultados y que es un posible fraude al Fisco en más de 9 mil 600 millones de pesos. Agradezco los múltiples mensajes de apoyo desinteresados de alcaldes, comunidad y funcionarios públicos que me han hecho llegar durante el transcurso de este día”, concluyó.