La gobernadora Krist Naranjo, acompañada por el abogado del Gobierno Regional, Ignacio Montecino Fernández, se presentó en el Juzgado de Garantía de La Serena para presentar una querella por fraude al fisco. Los imputados en esta acción legal son la ex intendenta Lucía Pinto, el ex jefe jurídico Eduardo Espinoza, el gerente de las inmobiliarias implicadas en la compraventa, Pablo Bracchitta, y el ex administrador regional José Cáceres. Este último también enfrentará una querella adicional por negociación incompatible.
Una clara señal de parte de la máxima autoridad regional, para que esta acción judicial sea acogida por el tribunal y aporte al desarrollo más expedito del caso que significó una perdida millonaria al Gobierno Regional, siendo uno de los hechos de corrupción más grandes de la región y el país, según indicó.
“Desde que yo ingresé como gobernadora regional le hemos puesto mucha atención a este caso, ya que la malversación de fondos públicos ha sido considerable. Más de $9.800 millones que hoy todavía no se hace justicia y tampoco se reintegran esos recursos al Gobierno Regional, lo que nos parece muy grave, porque ha pasado el tiempo y no tenemos resultados, no tenemos el cierre de este procedimiento, por lo tanto, nosotros realizamos una evaluación de cómo se ha llevado a cabo de este proceso, por parte del Consejo de Defensa del Estado, a quienes pedimos antecedente y hoy todavía no nos llegan”, señaló Naranjo.
Sobre esta querella presentada, “estamos dando más antecedentes que hoy día nos preocupan, que tiene que ver con que estos terrenos están siendo solicitados por el Minvu y hoy día la tasación es mucho menor a lo que el mismo fraude detectó en su momento, lo que nos parece grave”.
El Gobierno Regional actualmente está siendo representado por el Consejo de Defensa del Estado en la causa penal, tal como lo indica la ley orgánica de dicha institución en su artículo sexto. Sin embargo, con esta querella el Gobierno Regional pretende hacerse parte directamente de esta causa, ya que aún no hay formalizados, situación que se considera una mala señal para la ciudadanía. Un acto de justicia por los cerca de 5.800 millones de pesos que se pagaron por sobreprecio de los terrenos.
Durante el presente año, han aparecido nuevos antecedentes y que están siendo enunciados en la querella presentada por el abogado Montecino, quien afirmó que “hay un proyecto de expropiación mejoramiento eje Cuatro Esquinas en el sector de San Ramón y a valor de hoy 2023, dos de los terrenos que fueron parte de estas compras cuestionadas siguen siendo tasados a un menor valor por el cual fueron adquiridos”.
En este sentido, explica que, “los informes periciales de las comisiones del Servicio de Vivienda y Urbanismo, establecieron un valor de 2,85 y 3,05 UF por metro cuadrado, que sigue siendo prácticamente la mitad del valor acordado en el momento de compra, es decir, cuatro años después, hoy día los antecedentes que dan cuenta de cuál sería el valor de estos terrenos sigue indicando que es bajo, por lo que nos vemos expuestos a una encrucijada porque, por una parte, estamos en esta querella que pagamos demás y así lo queremos acreditar, y estamos a su vez expuestos a que en este mismo momento nos están expropiando y pagándonos un menor valor al que compramos”.
Cabe destacar que, en esta ofensiva que retomó la gobernadora Krist Naranjo para retomar el caso Papaya Gate, comenzó hace un mes cuando encomendó al abogado de la unidad jurídica del Gobierno Regional, Ignacio Montecino, reunirse con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y el fiscal adjunto Jefe de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, para plantear las diversas inquietudes que existen por el escaso avance en la investigación.