Eran cerca de las diez de la mañana de ayer y después de tres días de toma de la ruta 5 en el sector El Panul de Coquimbo, se deponía el paro de camioneros en la región.
La movilización a nivel nacional comenzó el pasado jueves, luego que el joven camionero Byron Castillo fuera lanzado desde un paso sobrenivel en la Ruta 1, que une Mejillones con la ciudad de Antofagasta por, presuntamente, tres individuos de nacionalidad venezolana.
La muerte del joven encendió la molestia de conductores y dueños de camiones, que sindicaron la crisis migratoria como uno de los principales factores de la inseguridad de las rutas en la zona norte del país.
“No hubo grandes daños y pérdidas para la región”
Para el delegado presidencial, Ignacio Pinto, el paro se extendió de forma innecesaria, “sobre todo cuando ya se había firmado un acuerdo con 17 federaciones en que había una gran representatividad de todos los sectores del transporte de carga”, dijo.
“Afortunadamente, hoy (ayer) se dio cumplimiento al compromiso que tuvieron con el Gobierno los descolgados de esa firma (del acuerdo firmado entre el Gobierno y transportistas), que mantuvieron la movilización, al entregar las rutas que estaban tomadas antes del mediodía y eso facilitó mucho los accesos y el traslado de las personas que llegan a la región y que quieren salir de la conurbación por ese sector”, agregó.
Pinto indicó que pese al bloqueo no hubo problemas de abastecimiento, suministros o servicios, así como tampoco conflicto entre los manifestantes y Carabineros, que estuvo con presencia permanente en el lugar.
“Por lo tanto, desde el punto de vista del balance de las consecuencias que tuvo esta movilización, no hubo grandes daños o pérdidas a la región. Cabe recordar que en esta fecha hay mucho desplazamiento de camiones por la época de cosecha de uvas y, por tanto, también si sumamos a los conflictos que ha generado la sequía en la región, este habría sido un daño mucho mayor a los productores y los agricultores de la zona, que no se logró producir”, destacó.
Compromisos regionales
Ignacio Pinto recordó que, a nivel nacional, hubo un acuerdo firmado el día viernes y que este se ha ido cumpliendo; mientras que, a nivel regional, el gobierno local se ha comprometido a trabajar para mejorar la seguridad de las rutas.
“Nos hemos comprometido con los dirigentes a mantener mesas de trabajo de manera permanente con el Ministerio de Obras Públicas, concesionarias y Carabineros para ir viendo cómo podemos apoyar en aquellas zonas en donde se pueda detectar mayor cantidad de delitos y estableciendo coordinación para entregar resguardo policial y de las concesionarias en las zonas de descanso”, apuntó.
“La cantidad de delitos que tenemos registrados en la provincia de Elqui, Limarí y Choapa, de asociados al transporte de carga, no es alta, por eso le hemos dicho a los dirigentes que es importante que este tipo de denuncias se realicen para efectos de investigación y trabajo policial preventivo. Es necesario saber la cantidad de delitos que se está cometiendo en estos casos”, señaló Pinto
Según antecedentes aportados por la Delegación Presidencial, durante el 2021 hubo 21 denuncias de este tipo en Limarí y Choapa.
Fin al paro en Antofagasta y prisión preventiva para los detenidos
Fue durante la tarde, cerca de las 17:00 horas, que se levantó el último bloqueo de la ruta 5 en el país, en el sector La Negra de la ciudad de Antofagasta.
La medida se daba mientras, de forma paralela, una larga caravana de camiones escoltaba los restos mortales del joven Byron Castillo hasta el Cementerio General de la capital de dicha región.
Los bloqueos ya habían comenzado a levantarse cerca del mediodía, tras cuatro jornadas de toma de las rutas.
Ayer, también, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva -e internación provisoria- para los ciudadanos venezolanos imputados por el homicidio del camionero Byron Castillo.
La medida se fijó luego que se determinara que “existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en el delito”.
Los tres imputados fueron considerados como un peligro para la seguridad de la sociedad.