Durante los años 2019 y 2020 se promulgaron dos leyes que buscaban congelar los precios de las tarifas eléctricas. Estas medidas, aunque necesarias en su momento, provocaron una deuda significativa debido a la desactualización de los precios de la energía y los costos reales de su producción. Según datos proporcionados por el Ministerio de Energía, esta deuda asciende actualmente a cerca de 6.000 millones de dólares.
Luego de un extenso debate en el Congreso Nacional, en abril de 2024 se promulgó la Ley Nº 21.667, la cual busca descongelar la tarifa y así pagar las deudas acumuladas desde 2019. En este sentido, se pretende saldar la deuda en un plazo de 9 años mediante un recargo adicional de $22 por cada KWh en las cuentas de los clientes regulados. A partir de julio de este año, los usuarios comenzarán a ver un incremento del 30% en sus cuentas de la luz, aumento que se espera alcance un 50% en 2025.
Para mitigar el impacto en las familias más vulnerables, se anunció un subsidio que beneficiará al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), siempre y cuando se encuentren al día en sus cuentas de luz. Para asegurar que los beneficiarios puedan acceder a este subsidio, se ha otorgado un plazo hasta el 31 de julio para que regularicen su situación.
Ante esto el diputado Ricardo Cifuentes, ha propuesto varias modificaciones a la Ley para ampliar su alcance y efectividad, buscando un mayor apoyo a las familias chilenas.
“Si bien entendemos que no era posible seguir acumulando esta deuda y que era necesario descongelar la tarifa, creo que el subsidio se queda corto. Estamos convencidos de que es necesario ampliar el universo de beneficiarios para llegar también a la clase media, donde el 60% más vulnerable sería el piso mínimo para considerar que el subsidio efectivamente está apoyando a la población que más lo necesita, sin perjuicio de estudiar la posibilidad de llegar al 80% del Registro Social de Hogares (RSH)”, expresó el diputado Cifuentes.
Además, en lo que respecta al plazo que esta Ley les otorga a las personas que mantienen deuda con la compañía eléctrica, es enfático en señalar que “se debe incorporar a los hogares que actualmente se encuentran con deuda existente en sus cuentas de luz, pues resulta contraproducente esperar que las familias logren regularizar la deuda mientras permitimos que sus facturas sigan aumentando”.
Por último, señaló que “Consideramos que es necesario prolongar el tiempo de pago para las deudas acumuladas desde 2019, al menos por 13 años . Esto permitiría que el aumento de las tarifas eléctricas sea más gradual y que podamos disminuir el impacto que esto producirá en las familias chilenas. Nuestro objetivo es proteger a las familias chilenas y asegurar que todos tengan acceso a energía de manera justa y equitativa», concluyó.
