Mal lo han pasado los más de 30 integrantes del Sindicato de Pirquineros de Canela a raíz de una supuesta estafa por parte de un extrabajador dependiente de la Seremi de Minería.
El problema surgió cuando contrataron los servicios de una empresa para construir una planta gravimétrica concentradora, que les iba a permitir trabajar su material cerca de los lugares de extracción.
Los dineros para esas obras estaban comprometidos por parte del Gobierno Regional, pero hasta el momento no han podido hacer los pagos, debido a que fueron informados de que estos recursos ya fueron cobrados por un tercero.
Según relata el presidente de los pirquineros de Canela, Israel Barraza, un exfuncionario los habría engañado para poder poner a su nombre los vales vista por $70 millones con los que debían pagar la construcción de la estructura.
Barraza sostiene que esta persona, según han podido recabar, tenía un contrato de chófer en la Seremi, “pero como andaba con la exautoridad Roberto Vega, pensamos que era alguien de confianza e incluso nos lo hacía saber y (decía) que cualquier cosa habláramos con él”.
Agregó que “estando en pandemia y como nosotros somos de la parte rural de Canela, este señor Patricio Bolvarán nos llamó y nos dijo que nos juntáramos para hacer los vale vistas para el pago a la empresa. Con el tesorero vinimos al banco de Canela, el que por la pandemia no estaba atendiendo, así que nos dice que fuéramos a Los Vilos. Allá se hicieron los vale vistas y pidió que se endosaran a su nombre. Lamentablemente uno no sabía que significaba eso y de ese día nunca más supe de Don Patricio”, señala el dirigente gremial.
Barraza sostiene que tras investigar un poco descubrieron que los documentos bancarios fueron cobrados por Bolvarán en Ovalle.
“Están los registros que fue él quien los cambió e incluso aparece en las cámaras. Ahora, desde la seremía declaran que no tienen idea de dónde estaría este personaje y (dicen) que era una persona encargada de trasladar personal y no tenía ninguna facultad de hacer esos trámites, que no era contratado por la seremía, pero llegaba con ellos y en sus camionetas”, afirma.
El minero señala que lo peor es que la empresa constructora les cobra a ellos los dineros, porque el contrato está a nombre del Sindicato de Pirquineros.
“La planta está lista, en condiciones de trabajar en lo que se refiere a fierro, pero falta lo que corresponde al campamento con baños y comedor. No la podemos usar y esto nos está perjudicando a todos los del sindicato”, explica.
Barraza relata que con esta situación les “cortaron los brazos”, porque no pueden postular a ningún tipo de proyectos si no rinden estos fondos.
“¿Qué podemos hacer si fuimos estafados por una persona sinvergüenza? Es muy complicado poder trabajar así. Yo soy dirigente y tengo que dar la cara a mis asociados que quieren explicaciones. Nosotros solo estamos esperando que se entregue una respuesta de la Fiscalía y la PDI, sin embargo, ha pasado un año y no hemos tenido respuesta de la denuncia”, señala el dirigente.
Versión del exseremi
Consultados por El Día, la Seremi de Minería de Coquimbo no entregó respuestas. Quien sí se refirió a este problema fue el exsecretario regional ministerial de la cartera y actual convencional constituyente por el distrito 5, Roberto Vega.
El exseremi señaló que cuando asumió el cargo figuraba la construcción de la planta en Canela, la cual en realidad en abril de 2018 no existía.
“En el año 2020 se logra construir la planta, que cumplía con todos los estándares ,faltando algunos permisos de Sernageomin, pero al momento de pedir la rendición financiera tuvimos una reunión entre el contratista y el sindicato y se señala que faltaban recursos. Al pedir los antecedentes, nos dimos cuenta de que uno de los funcionarios aparentemente había mal utilizado los dineros del sindicato, siendo que no estaba autorizado para ello”, explica.
Roberto Vega sostiene que ante esto y como corresponde al ser un funcionario público, presentó una denuncia ante el tribunal competente.
“Está en investigación del Ministerio Público y esperemos que tenga una pronta resolución”, afirmó el constituyente.
Vega aclara que la persona cuestionada trabajaba en la oficina de Ovalle a través del programa FNDR y que no se le renovó el contrato en diciembre de 2020.
“Claramente, existía una presunción de inocencia, pero se realizó la denuncia en su contra y los posibles responsables, como correspondía”, afirmó el exseremi.
Denuncia hecha por exseremi
Según se indica en denuncia presentada por Vega, en enero de 2021 ante el Juzgado de Garantía de La Serena, “los representantes del Sindicato, me indicaron que los pagos fueron efectuados por las siguientes sumas $42.700.000, $40.000.000, $14.000.000, $4.000.000 y $11.500.000, pagados mediante vales vistas que fueron que retirados por el Señor Patricio Bolvarán Bolvarán en distintas fechas”.
El escrito agrega que la actuación que dicho funcionario se realizó a mérito propio, sin orden de su superior y en un claro abuso de confianza; Para lo anterior, se valió de distintos ardides como la emergencia sanitaria COVID- 19, la imposibilidad de desplazamiento de las partes”.
Asimismo, se advierte de “detentar un supuesto cargo profesional de mayor jerarquía en la Seremi, (cargo que es inexistente e imposible que tuviese el denunciado por carecer de título profesional)”.
Se agrega en el texto que “es importante indicar que el señor Bolvarán no forma parte de los funcionarios de la Secretaría por lo cual no cuenta con póliza para manejo de valores, que le permita manejar dineros y que su contrato es para un programa en calidad de experto (persona que cuenta solo con cuarto año medio aprobado), sus labores son accidentales y circunscritas a lo propio del programa”.
La denuncia del exseremi reitera que no eran funciones de Bolvarán la custodia o pagos o depósitos de dineros o bienes de terceros, ya sea a contratistas u organizaciones beneficiadas.
“Frente a lo anterior es que interpongo la presente denuncia por la conducta ministerial de quien pudiese ser mi subalterno, toda vez que los hechos descritos y que me fueron relatados son contrarios a la probidad pública y pudiesen ser constitutivos de algún tipo de delito que corresponde al Ministerio Público tipificar y dilucidar”, señala la denuncia.